Evaluación de los temas económicos y sociales de los acuerdos de paz en su 15° aniversario
Lamentablemente, después de quince años de la firma de los Acuerdos de Paz, entre representantes del Gobierno de El Salvador y representantes del Frente Farabundo Martí para
El pueblo salvadoreño puede enorgullecerse, hasta este momento, que dentro del espíritu de los Acuerdos de Paz, sólo se haya cumplido “impecablemente”[1] su primer objetivo: el cese del enfrentamiento armado. De acuerdo al teórico de la Paz, Johan Galtung, este tipo de Paz es llamada “negativa”, tendencia predominante en occidente que pone el énfasis en la ausencia de violencia directa a causa de una guerra[2].
Sin embargo, sigue siendo una deuda pendiente, la superación de las causas que generaron el conflicto armado, identificadas con alcanzar otro tipo de Paz, que asegura la consecución de la justicia social y el mejoramiento de las condiciones de vida de las grandes mayorías, punto de partida y de llegada de la actividad del Estado[3].
De acuerdo a Galtung, este tipo de Paz se denomina “positiva”, y se refiere a la ausencia de violencia estructural, es decir, una violencia generada por la desigualdad existente dentro de la sociedad que impide a las personas satisfacer sus necesidades fundamentales espirituales y materiales[4].
Hoy por hoy, las causas estructurales económicas y sociales que dieron origen al conflicto armado se encuentran vigentes. Por lo tanto, urge retomar el camino trazado por dicho acuerdos, asumiendo verdaderos compromisos, que nos lleven a consolidar la democracia; el desarrollo social; el crecimiento económico; y el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Cuatro gobiernos, no han sido capaces de cambiar la historia de marginación y exclusión social que ha caracterizado a las grandes mayorías salvadoreñas. Las administraciones públicas, han demostrado su autoritarismo en afirmar que tales acuerdos se encuentran cumplidos y finiquitados; y su indiferencia ante la injusticia social, dejando en segundo plano la atención a ciertos puntos que han quedado rezagados[5]. Y más grave aún, manifestar públicamente, con claras contradicciones en su pretendido discurso democrático, que “ningún aspecto de estos acuerdos, debe ser cuestionado después de 15 años”[6].
La PDDH, considera que la realidad fáctica de la población salvadoreña, sobre todo en su situación económica y social, dista en mucho de un balance positivo en el cumplimiento de dichos acuerdos. Al contrario, esta institución que monitorea la actividad del Estado en el cumplimiento de los Derechos Humanos, confirma que la desigualdad y marginación social se han profundizado. En este sentido, el país se encuentra lejos de alcanzar el ideal planteado en esa inmejorable oportunidad de concertación nacional: lograr la refundación de una sociedad democrática[7].
La Procuraduría retoma en este punto, la idea que la democracia puede ser teorizada como una forma de vida: “[…] no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo […]”[8]. Asimismo, faculta a la sociedad a exigir políticas que amplíen las oportunidades sociales y económicas, además, de permitir el debate nacional que haga posible identificar los problemas de la sociedad y defina las prioridades ha resolver. En esta lógica, la democracia es necesaria; ya que, permite que los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de nuestras sociedades, se desarrollen armónicamente.
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son "auténticos derechos humanos fundamentales"[9], que se vinculan directamente con los Acuerdos de Paz; ya que, determinan la profundidad y consolidación de la democracia; y la estabilidad socio-política del país[10]. Tal como lo expresa
Por lo tanto, la PDDH considera, que la democracia real no se reduce únicamente al crecimiento económico y el respeto a las libertades cívicas y políticas como lo han querido establecer el actual gobierno[11], sino sólo a través del cumplimiento de las obligaciones jurídicas en materia de DESC, que son consustanciales al crecimiento económico en equidad y el desarrollo social.
Así, el Estado debe organizarse sobre la base del funcionamiento de un orden económico y social que realmente promueva y garantice permanentemente el desarrollo humano sustentable. Considerando para lograrlo, un crecimiento sostenible, la equidad en la distribución de la riqueza, la mejora en la calidad de la vida y el bienestar de la población. Únicamente, de esta forma, se avanzará en la transformación profunda del Estado, con miras ha alcanzar los objetivos de los Acuerdos de Paz: “democratización, el respeto irrestricto de los derechos humanos y la reunificación de la sociedad salvadoreña”.
En el país, todavía resulta ser un ideal alcanzar un Estado Democrático de Derecho, donde exista un Estado de bienestar que garantice el acceso gratuito a los servicios más esenciales; que cuente con una estabilidad económica al servicio de los más necesitados y se respeten las normas, sustento esencial para lograr la institucionalidad jurídica.
El artículo “Análisis de los acuerdos de paz”, del Doctor Víctor Valle, para el seminario CENITEC, 1992, pág. 9, nos ayuda a comprender este punto:
“La democracia que construyamos como hija directa de la paz tiene que ser capaz de dar respuesta a los problemas más esenciales de la población: empleo, estabilidad, confianza, salud, educación. No se puede construir un país, en ninguna parte del mundo, si la población no tiene al menos sus necesidades básicas cubiertas […]”.
En los últimos años, el actuar del Estado se ha caracterizado por ocupar un discurso demagógico, en el cual, se ofrece un país de oportunidades, donde el principio rector de la gestión actual es "Lo social no es complemento de nada: Lo social es la base de todo"[12]. Estas falsas promesas, quedan dentro de la democracia electoral, la realidad es diferente, los intereses del partido de gobierno “están orientadas a defender los intereses económicos y políticos de un pequeño grupo de poderosas élites empresariales”[13]. Por lo tanto, se hacen imposibles hacer realidad las ilusiones de la población salvadoreña a mejorar su nivel de vida, aumentando su ingreso y cubriendo sus necesidades básicas.
De esta manera, basta con señalar algunos ejemplos que acontecen en la cotidianeidad ciudadana, para desvirtuar la realidad social distorsionada que el gobierno pretende hacer creer[14]; y que, únicamente, consiguen evidenciar, la obstaculización del cumplimiento de la agenda de democratización y la construcción de un nuevo Estado de Derecho, donde se respete la institucionalidad jurídica y los Derechos Humanos.
Entre estas realidades ciudadanas, podemos mencionar ejemplos vivos, en materia de DESC: la pobreza o sobreviviencia de los sectores campesinos e informal urbano; el aumento del empleo informal y su desprotección social; la inminente expulsión de nacionales en búsqueda de un mejor proyecto de vida, a pesar de los riesgos y barreras culturales que le avecinan; el autoritarismo del Estado en determinar el rumbo de crecimiento económico sin equidad; el traslado de responsabilidades del Estado, cada vez más, a manos privadas; la desatención de la protección de los derechos humanos de las grandes mayorías; la sistemática exclusión social y la elevada confrontación.
La argumentación falaz que propone el gobierno, lamentablemente se suma a la cobertura mediática y festividades que se han realizado para la ocasión. Dichas festividades han sido utilizadas a la conveniencia de los políticos. De este modo, se ha desaprovechado la oportunidad para realizar un análisis serio de los avances y retrocesos en materia de DESC, y además, de proponer los temas de la agenda de democratización que no han sido cumplidos.
Al contrario, las autoridades gubernamentales han aprovechado estos espacios para hacer creer a la comunidad internacional que los Acuerdos de Paz son un “éxito” al “superar” los problemas que se enfrentaba[15]. Así como, en el plano nacional, específicamente en el propio Ejecutivo y Legislativo, donde han denominado este 2007, el año de la “Paz Social” y para confirmarlo, están pretendiendo firmar una Declaración de Paz Social[16] criticada duramente; ya que, contiene sólo un catálogo de “buenas intenciones”, que carece de operatividad y, por tanto, su futuro estará destinado a quedarse en el papel[17].
Asimismo, se reprocha con igual peso, que las celebraciones oficiales hayan dejado de lado a los verdaderos actores principales de la firma de la paz: las víctimas. Estos últimos, han sido los más olvidados, y son a los que se les debe la Paz, como ausencia de enfrentamiento armado[18].
En este sentido, es lamentable que después de quince años, la posición gubernamental sea mantener la impunidad en su máxima expresión, con la vigencia de
Para la PDDH, en esta oportunidad, es momento para reflexionar sobre las intenciones últimas de los Acuerdos de Paz. Dicho evento concertador, sin precedentes en el país, fue diseñado y asistido por
El primero de los objetivos señalados anteriormente, fue alcanzado después de la firma del acuerdo político. De esta manera, el proceso de transición de la guerra a la paz en El Salvador, fue señalado por Naciones Unidas y la comunidad internacional como un “éxito”, además de consignarse dentro de los modelos a seguir a nivel mundial[22]. Sin embargo, en los últimos años, en el seguimiento a los diferentes acuerdos relacionados con las Libertades y Derechos Civiles y Políticos, se han señalado avances y retrocesos en el proceso de democratización del país[23].
El segundo de los objetivos de los Acuerdos de Paz, relacionado con la reivindicación de los DESC, fue una tarea siempre pospuesta por las partes, a pesar que constituyeron una de las principales razones que originaron el enfrentamiento armado. Es en este campo, donde la PDDH opina que se identifica un balance negativo y, un casi nulo, avance de los Acuerdos de Paz, con graves consecuencias negativas para alcanzar la justicia social y una democracia real.
Esta falta de cumplimiento, es consecuencia, en primer lugar, por la propia configuración temática del proceso de negociación. De este modo, la inclusión a la agenda de negociación de los Temas Económicos y Sociales evidenció desde un principio un enorme vacío, en no haber circunscrito de manera apropiada, el abordaje de la situación económica en el país.
Ahora, se lamenta más que nunca, la mención del Secretario General de las Naciones Unidas, Boutros Boutros Ghali en su Informe de verificación presentado a las Naciones Unidas sobre el proceso de paz en El Salvador, relativo al Tema Económico y Social[24]: “en este aspecto, los Acuerdos eran mucho menos detallados que en otros”[25].
El señor Secretario de Naciones Unidas, de esa época, tenía mucha razón. En la planificación de la agenda que incluía las temáticas a negociar, los problemas medulares que dieron origen al conflicto armado -- tema económico y social – en algunos casos, no fueron detallados concretamente y, en otros que si lo fueron, no existió voluntad política para cumplirlos, tal como habían sido pactados. Determinando así, el impacto efímero de tales Acuerdos en las causas estructurales del conflicto y, por ende, en las esperanzas de la población salvadoreña de alcanzar su desarrollo pleno.
Estas temáticas, tenían sobre su base, eliminar la injusticia social; empero, los acuerdos tomados quedaron cortos, tanto en su diseño como ejecución. Así, encontramos que los aspectos que se solucionaron fueron pocos y considerados los más inmediatos del conflicto[26].
Diversos estudios, han señalado deficiencias para cumplir los Acuerdos de Paz relativos a redefinir las condiciones inhumanas en que se debatía el sector campesino y obrero salvadoreño[27]. Así, la tenencia de la tierra fue uno de los principales motivos del conflicto armado que necesitaba ser resuelto. Empero, se evidenció que los resultados estructurales fueron pobres: a inicios del conflicto un 4% del total de propietarios de tierra en el país era dueño del 45% de la superficie cultivable; en la actualidad ese mismo 4% sigue siendo propietario del 40% de las mejores tierras, cien mil muertos y miles de desaparecidos sólo les pudieron arrebatar el 5% de sus propiedades[28].
Por otra parte, hace seis años todavía se consideraba que las dos terceras partes del crédito al sector agrícola era destinado a las actividades agrícolas relacionadas con el gran capital: café, caña de azúcar y productos exportables. Asimismo, la falta de políticas para aprovechar el desarrollo de las superficies agrícolas provocó el endeudamiento y su posterior condonación, del sector campesinado, beneficiado con la partición de tierras[29].
En resumidas cuentas, el tema económico y social fue trastocado en su ejecución y, en consecuencia, el conflicto social se transformó en otro. Así, del miedo a ser desaparecida o desaparecido por optar a una preferencia ideológica distinta a la que imperaba en el gobierno en aquel entonces, ahora fue sustituida por la aflicción por sobrevivir diariamente y, lo que es peor, el temor a formar parte de la fría estadística de homicidios por el alto índice de delincuencia y violencia que atraviesa el país.
Tan sólo algunos aspectos de carácter estructural, tuvieron espacio en el proceso de negociación-diálogo de la paz, tales como: la protección de los consumidores y la creación del Foro para
Uno de los ejemplos, que evidenció la falta de voluntad de los mencionados sectores, y que pudo darle esperanza a las grandes mayorías fue: el sabotaje y boicoteo del funcionamiento del FCES[31]. La creación de este Foro, constituyó una de las propuestas centrales de los Acuerdos de Paz, que guardaban relación directa con las causas estructurales que dio origen al conflicto armado, y además, plena vinculación en materia de cumplimiento con los DESC.
El FCES[32] no funcionó como se pretendió en las negociaciones de los Acuerdos de Paz. En este sentido, no tuvo la incidencia que se esperaba en la solución de los problemas en el campo económico y social; únicamente, se limitó a abordar temas laborales[33] consiguiendo logros importantes, como la adopción de catorce convenios de
Posteriormente, el gobierno reemplazó al FCES por el Consejo Superior del Trabajo (CSJ) instancia que fue criticada porque no aglutinó a todos los sectores sindicales que se encontraban inicialmente, y que, habían logrado protagonismo en la discusión de las políticas estatales en materia económica y social[35]. Asimismo, se le criticó la falta de resultados concretos que evidenciaran su funcionalidad, sobre todo, en el marco de los procesos de globalización y liberalismo económico y, en consecuencia, de las mismas relaciones de trabajo[36].
A partir de este momento, el sector empresarial y el gobierno fueron de la mano para desarrollar los procesos de privatización de importantes servicios públicos, tales como: energía eléctrica, telecomunicaciones y pensiones. Lo anterior, se tradujo en la afectación a la población consumidora y el desmantelamiento sindical de las instituciones públicas autónomas que fueron privatizadas[37].
La situación económica-social actual, de las mayorías salvadoreñas no se puede ocultar. De esta manera, el pueblo salvadoreño a diario, se debate entre la vida y la muerte a causa de las desigualdades sociales y económicas, ubicando a un importante porcentaje en la pobreza extrema y relativa.
En este sentido, la situación de la pobreza a nivel nacional es grave. Las cifras presentadas por el gobierno afirmaron que para el 2004, de los casi siete millones de habitantes, distribuidos en los catorce departamentos, de los cuales el 59.9% se encuentran ubicados en el área urbana, mientras que el 40.1% residen en el área rural[38]. La pobreza en el país, afectaba al 34.6% de la población siendo un 12.6% pobreza absoluta y un 22.0% pobreza relativa. La mayor concentración de pobreza se da en la zona rural, con un 43.7%, mientras es de 29.2% en la zona urbana[39].
Sin embargo, los datos oficiales señalados anteriormente no son totalmente fidedignos. De esta manera, el índice de pobreza retomado por el gobierno se basa en los elementos de
Con estos datos, la posición gubernamental ante la erradicación de la pobreza, como obra del arte surrealista, asegura que existe una tendencia significativa a la reducción de esta brecha social[42]. Sin embargo, el Programa de de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha establecido que las cifras de disminución de la pobreza no han sido tan felices como las presentadas por el gobierno. El Informe sobre Desarrollo Humano 2003, estimó que los índices de pobreza fueron de 42.9%, por lo cual, “se ha cuestionado que el gobierno salvadoreño presente cifras con una reducción de 8 puntos porcentuales en el lapso de un año”[43].
Igualmente, estos índices de pobreza reflejan los altos niveles de desigualdad de ingreso en el país. De esta manera, para el Informe de Desarrollo Humano del PNUD de 2006, El Salvador, es uno de los países en Latinoamérica con alto grado de desigualdad de ingreso debajo de Guatemala, Brasil, Chile y México; presentando un Coeficiente de Gini[44] de 52.4%. Concretamente, para ilustrar la brecha de la desigualdad de ingresos, el 20% de la población más rica obtiene un 52.4%, mientras que el 20% más pobre de la población nacional, escasamente le corresponde una participación de 2.7%.
La situación es parecida, cuando se toma en cuenta los progresos hechos por el país en alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)[45]. El Salvador está comprometido a reducir la pobreza y el hambre, a la mitad de sus indicadores que tenía, en este campo, para los noventa, en el 2015. Sin embargo, hoy por hoy, en el tema de reducción de la pobreza –especialmente la rural – aparece como poco probable de ser alcanzado[46].
En otra vertiente, en cuanto al desarrollo humano, se han tenido retrocesos y avances en los últimos años. En el Informe sobre Desarrollo Humano de 2005 El Salvador ocupó el lugar 104 de 177 países evaluados, ubicado dentro de los países en “desarrollo medio”. Lo neurálgico en este Informe, es la comparación con el informe de 2004, que ubicó al país en el lugar 103, con el mismo parámetro; y en el 2003, estaba en el lugar 105, lo que implica que el avance que hubo de
Para ese entonces, el coordinador del informe de desarrollo humano para El Salvador, destacó que “hay algunos países en donde los niveles de progreso se han desacelerado de manera importante. Y uno de ellos es El Salvador”, reconociendo que en lugar de ir progresivamente a la garantía de esta clase de derechos, ha habido un retroceso considerable, con ello, configurándose un vulneración manifiesta a éstos.
Para el Informe sobre Desarrollo Humano de 2006, el país se recuperó y sobrepasó la posición alcanzada para el 2003, pasando de la posición
Otro indicador importante en desarrollo humano, es
En el Informe de 2005, El Salvador disminuyó de 4.890[47] a 4.781. Aunado a ello, en el mismo se reporta que el nivel de Educación para alcanzar un desarrollo alto es de 0.96, siendo en El Salvador dos décimas menor, es decir, 0.76. Para el 2006, se señaló que el país había aumentado en este indicador 0.26 puntos, de
Si bien, El Salvador aún se mantiene en “desarrollo humano medio”, hace falta avanzar al menos cincuenta posiciones para gozar de un “desarrollo humano alto”, como otros países latinoamericanos entre ellos Argentina, Chile, Cuba, México, Costa Rica[48], Uruguay, Panamá; ya que para alcanzarlo deberá reportar, al menos, un índice de 0.895.
Asimismo, es preocupante que, el país sea catalogado dentro de los países que tienen una retardación en el crecimiento para alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (en adelante, “ODM”) en materia alimentaria[49]. Así, el indicador de insuficiencia ponderal, que determina el avance en la erradicación de este problema, ha determinado que en Latinoamérica “El Salvador es uno de los nueve países que ha retardado su combate contra el hambre, afectando a 20% de los menores de cinco años”[50].
Para que esta historia cambie, además de eliminar las enormes brechas de desigualdad en el acceso a los alimentos, es necesario garantizar un nivel alto de oferta interna de los mismos, generada por la producción, exportación e importación de productos alimenticios básicos para la subsistencia humana, por el país. El gobierno ha establecido una lógica de priorizar la inversión extranjera en el sector de servicios sobre el sector agropecuario[51]. Esto ha generado en los últimos años una desaceleración en la reactivación de este sector, provocando el mismo efecto en el avance de suministro de alimentos suficientes en la población[52].
De esta manera,
El actual gobierno ha tratado de revertir las situaciones antes señaladas. Concretamente, en el 2004, se emitió el Mapa de
Obteniendo los resultados siguientes:
| Agrupamientos Número de municipios | Número de Municipios | Tasa de pobreza extrema promedio | Tasa de retardo severo en talla promedio |
| Severa | 32 | 49.9 | 4.8 |
| Alta | 68 | 35.6 | 4.5 |
| Moderada | 82 | 23.9 | 3.6 |
| Baja | 80 | 12.5 | 2.6 |
Fuente: Con base a FLACSO/FISDL (2004)
El anterior cuadro indica, cuatro tipos de agrupamientos, de menor a mayor incidencia. De este modo,
El primer indicador, tasa de pobreza extrema, indica la brecha de la pobreza, medida utilizada mundialmente para determinar la capacidad adquisitiva de las familias para obtener bienes fundamentales para su subsistencia. El segundo indicador, tasa de retardo severo en talla, hace referencia a las deficiencias nutricionales de la población encuestada, que en gran medida, determina el desarrollo que debería tener una persona promedio en el país.
Con la identificación de los Municipios más pobres del país, el gobierno ha pretendido reorientar sus políticas públicas de desarrollo humano a estas localidades; sin embargo, los programas sociales implementados por el gobierno han sido criticados porque, no retoman los principios o fundamentos de los Derechos Humanos, negando todavía, la universalidad y gratuitidad de servicios esenciales de extrema urgencia.
En este sentido, en marzo de 2005, se hizo oficial el lanzamiento del Programa social de atención de familias en extrema pobreza de El Salvador, conocido también como “Red Solidaria”, que esperaría impactar en el próximo quinquenio en la situación de extrema pobreza de unas 100,000 familias.
Sin embargo, la PDDH ha considerado que uno de los principales contrasentidos de estos programas, que en apariencia buscan atender la vigencia de los derechos humanos de las personas más empobrecidas, pero que en el fondo, es una respuesta no completa o apegada a la teoría de los derechos humanos.
Asimismo, estos programas sociales nacen con un problema de mantenerse en el tiempo y cumplir con su cometido. Así, encontramos otros contrasentidos, en la falta de financiamiento permanente de estos programas por el erario público[56]. Esto refleja que el gobierno si bien mantiene su slogan de un país de oportunidades, no teniendo financiamiento para erradicar la pobreza muy difícilmente logrará superar las metas propuestas por Naciones Unidas para el 2015 en el área de pobreza y hambre.
Por lo tanto, las autoridades estatales deben hacer mucho más, en la medida de organizar su engranaje institucional para generar políticas transversales que garanticen una red ciudadana para atender directamente muchas de las necesidades básicas que integran el goce de una vida acorde con la dignidad humana.
En otra vertiente, las intenciones de los últimos cuatro gobiernos ha sido desarrollar un modelo económico excluyente, donde se antepone la lógica mercantil del libre mercado y la flexibilidad laboral al desarrollo de la personalidad humana y postergar el derecho a obtener una vida mejor.
De esta manera, el gobierno le ha apostado los últimos años a impulsar mejores respuestas a las economías globalizadas, como la atracción de inversión extranjera, otorgando exenciones tributarias en “zonas francas”[57]. Sin embargo, en los últimos años han sido puestas en “tela de juicio” por organismos internacionales y varios países, bajo los argumentos que: propician prácticas discriminatorias estatales; aplican incentivos fiscales solo a ciertos sectores y no benefician a otros, además que, no potencian un valor agregado en las industrias que ahí se desarrollan, como una mayor tecnificación del recurso humano, entre otros[58].
Este tipo de inversión, representó para el sector laboral, el empleo para 60,000 trabajadoras y trabajadores, representando el 18% de la totalidad de la fuerza laboral, convirtiéndose en una de las fuentes principales de nuevos empleos[59]. A parte de estas estadísticas de incidencia en la generación de empleo, representó también, aproximadamente el 59% de todas las exportaciones del país, de las cuales cerca del 95% fueron textiles o vinculadas al sector textil[60]. Y para confirmar su importancia decisiva en la economía del país, sólo el sector manufacturero aportó el 24 por ciento del PIB, para el 2004[61].
Esta apuesta estatal a este tipo de inversión, como punto clave para el desarrollo económico, creó un panorama de vulnerabilidad en la economía salvadoreña por la dependencia en demasía de la economía estadounidense y de las maquilas. Esto se evidencia ahora, en la preocupación de los últimos gobiernos de suscribir Tratados de Libre Comercio, ya sea, de manera bilateral, multilateral o asociativa, como una alternativa a la terminación del funcionamiento de estas empresas multinacionales en nuestro país. Este desasosiego gubernamental es real, porque estas empresas poco a poco se han ido retirando, debido a mejores ofertas para el funcionamiento de sus operaciones en otros países, principalmente en China, como a consecuencia del levantamiento de las restricciones impuestas en el mercado mundial[62].
En estos dos últimos años, las exportaciones nacionales han caído, especialmente en el rubro de las textiles. Al respecto, para el año 2004, dichas exportaciones incrementaron respecto al 2003 únicamente en $37 millones y, de este modo, sí la industria maquilera hubiera mantenido su ritmo, el monto se estimaba en $100 millones[63]. Para el 2005, el sector decreció aún más, en un 7%, a raíz del retiro de las maquilas textiles[64].
El impacto en el empleo de trabajadoras en su mayoría, y trabajadores es aún más preocupante. Para abril de este año, se reportaba la pérdida de unos 7,500 empleos sólo en la actividad manufacturera. En términos macroeconómicos, la pérdida de esta cantidad de empleos ha influido para que la tasa de desempleo en nuestro país haya aumentado un 18.8%, uno de los más altos registrados durante los últimos años[65]. Asimismo, ha provocado que el salario mínimo establecido para este sector, no sea mejorado de igual manera que otros sectores, en los últimos años, debido al riesgo de perder la competitividad en el mercado internacional[66].
Esta alternativa del gobierno salvadoreño de no mejorar las condiciones salariales de miles de trabajadoras y trabajadores, no es nueva. Anteriormente, el tema de la competitividad entre los países de la región centroamericana con respecto a la instalación de estas multinacionales, fue la mejor justificación de los últimos gobiernos, para no elevar salarios. La presión social, a raíz de las crisis económicas, fueron las determinantes para tomar la decisión de aumentar el salario a este sector, totalmente reprochable por no ajustarse a las necesidades reales que conlleve a obtener una vida digna.
El impacto en las pretensiones de mejoras salariales de las y los trabajadores no es el único problema. Uno de los motivos por los cuales, diferentes organismos internacionales no están de acuerdo con el funcionamiento de este tipo de modelo de inversión extranjera es que, la exención tributaria que gozan estas empresas llega alcanzar niveles preocupantes de tolerancia estatal ante violaciones sistemáticas de derechos laborales, entre los hechos más conculcados encontramos pésimas condiciones de trabajo, acoso laboral por metas insuperables, falta de prestaciones sociales y laborales, y represión a miembros de los sindicatos[67].
Otra realidad que afecta a la consolidación de la democracia, que obstaculiza la garantía a la estabilidad económica y social es
De esta manera, estos migrantes envían remesas al 22% de hogares salvadoreños, las cuales en total representan más del 16% del Producto Interno Bruto (PIB), el 133% de las exportaciones totales (incluida la maquila neta), el 52% de las importaciones (excluidas las de maquila), el 655% de la inversión extranjera directa, el 140% de la carga tributaria, el 91% del Presupuesto General de
Según especialistas del tema, la inmigración es un fenómeno que refleja sus causas en la incapacidad del Estado y el mercado regional de generar riqueza y distribuirla. Asimismo, el Estado salvadoreño al no frenar y fomentar esta tendencia a la inmigración, esta adoptando una posición errada de lograr el crecimiento económico. De esta manera, en el país se ha mantenido desde los últimos cuatro periodos presidenciales, la filosofía de lograr el crecimiento económico para luego contar con los recursos que resolverán los problemas sociales, tales como: la pobreza, la desigualdad, la mortalidad infantil, el analfabetismo, el desempleo, el deterioro ambiental o la inseguridad.
Esta visión neoliberal que prioriza el crecimiento económico sobre el desarrollo humano, deja a un lado el desarrollo de la dignidad de la persona, el cual debe ser en última instancia el objetivo central de toda política estatal. De esta manera, estos programas o proyectos gubernamentales, tienen que evaluar al desarrollo económico no en términos del dinero como tal, sino con relación a las opciones, las oportunidades y el grado de bienestar de los protagonistas del desarrollo, es decir la población del lugar.
Al privar a un país de esa fuente principal de riqueza, llevándola lejos, la migración internacional podría verse como la antítesis o como una hemorragia de desarrollo humano. La migración se produce en gran medida por la inseguridad y la escasez de empleo y oportunidades en el país de origen, dando lugar a que buena parte de la población económicamente activa busque una mejor suerte en los países más ricos. Los jóvenes que inician su vida productiva son especialmente propensos a migrar. Las familias se dividen, las comunidades se desarticulan, con tal de enviar a sus miembros más aventajados al encuentro del destino en una supuesta tierra prometida.
Es una realidad que las niñas y niños están cada vez más en la soledad sin su familia íntegra gracias a la emigración. Cada día salen 700 personas[68], excluidas por la opresión sistemática de la violación de sus derechos. De esta cifra se calcula que 60% son personas de
Con todo, se puede afirmar que lejos de existir un avance en el proceso de democratización del país; existe un deterioro progresivo del marco democrático de demanda de los DESC, dejando al lado cualquier intento de instaurar una experiencia de concertación sobre la vigencia de estos derechos en el país, especialmente en temas sensibles para la sociedad salvadoreña, como la salud, el trabajo, el agua, la vivienda y el transporte público, además, de afectar derechos fundamentales de importantes grupos poblacionales.
Esto lleva a concluir, que el Estado ha institucionalizado el desconocimiento de sus obligaciones de respeto y cumplimiento de los DESC; ya que, en vez de garantizar progresivamente su goce, existen muestras de retrocesos y debilitamiento de las condiciones garantistas a nivel nacional y la necesidad de que existan presiones internacionales para que avance mínimamente en el aseguramiento de tales derechos.
El gran desafió ahora para El Salvador es, realizar cambios estructurales en las actuales políticas económicas, sociales y culturales durante los siguientes años, partiendo de una premisa fundamental: “reconocer que todos y todas sin diferenciación de condición económica, social o política son titulares de derechos”.
Por lo tanto, debe de acabarse ya la tolerancia o indiferencia estatal de permitir la existencia de sectores excluidos del beneficio de estrategias de desarrollo. Mantener este cuadro de exclusión social, es reconocer por parte del Estado, que las grandes mayorías no son titulares de derechos, y de esta forma, el mismo Estado negaría la vigencia de un Estado Democrático de Derecho.
Finalmente, para la PDDH, la ansiada Paz que reclama el pueblo salvadoreño, no es la ausencia de guerra y la creación de instituciones que cumplen la estructura orgánica de una forma de gobierno democrático, es decir, una democracia formal. La Paz que ahora reclama, es la que forma parte de una nueva concepción de sociedad democrática real, dónde se cumplan los presupuestos de existencia de un Estado de bienestar, es decir, que se garanticen a plenitud todos lo derechos y libertades humanas, a través de la eliminación de las desigualdades y marginación social, dónde se priorice el desarrollo de la personalidad humana sobre los intereses particulares, dónde el acceso universal y gratuito de los servicios básicos no sea una utopía. Y que, todo aquel que reclame estos derechos sea perfectamente resarcido justamente.
[1] Handal, Comandante Shafik Jorge. Miembro de
[2] Galtung, Johan. Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización, Gernika, 7 Bilbao, Bakeaz/Gernika Gogoratuz, 2003, pág. 3.
[3] Al respecto, el Título I, Capítulo único relativo a la persona humana y los fines del Estado, Artículo 1 de
[4] Ibíd. Supra.
[5] Véase el artículo periodístico del Diario el Mundo, Presidente Saca convencido que Acuerdos están finiquitados, publicado el día 16 de enero de 2007. Entre los puntos “rezagados” para el Presidente encontramos la pensión digna para los lisiados de guerra, etc. Para mayor información, consulte la página electrónica: http://www.diariocolatino.com/nacionales/detalles.asp?NewsID=15217
[6] Véase el artículo periodístico de
[7] Naciones Unidas. Acuerdos de El Salvador: En el camino de
