Análisis DESC de Julio a Septiembre de 2007

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (DESC)

Dentro del período analizado -1 de julio a 30 de septiembre de 2007- se ha observado que los esfuerzos del Estado para darle cumplimiento a las obligaciones en materia de DESC son insuficientes. Si bien es cierto, el país ha avanzado en desarrollo económico y en algunos indicadores sociales[1], la radiografía interna indica que este progreso no ha sido equitativo en todos los departamentos y municipios.

Aunque se asevera que el país cumplirá con los ODM que guardan íntima relación con el cumplimiento de los DESC, según las tendencias estadísticas registradas a nivel nacional; no necesariamente significa que sean cumplidos a nivel de todos los departamentos y municipios del país. Las brechas de pobreza entre el sector urbano y rural se han incrementado durante los últimos años, afectando a aquellos territorios con mayores porcentajes de población rural y a los conectados más frágilmente con los principales centros de la actividad económica[2].

A continuación, se presenta un análisis de datos estadísticos y hechos que aporta la realidad nacional relacionada con el desarrollo de la personalidad humana. Se presentarán por bloques temáticos que abarcan el cumplimiento de los DESC.

1. Desarrollo Humano

El Salvador, se ubica en el lugar 101 de la tabla de índice de desarrollo humano realizado por el PNUD cada año. Es el segundo mejor puesto que el país ha obtenido en los últimos seis años. La apuesta del gobierno es que a través del desarrollo económico, se obtendrá el desarrollo social y con esto el mejoramiento de la calidad de vida de las y los salvadoreños.

Al parecer, los datos estadísticos le dan la razón al gobierno, que cerró el año pasado con un crecimiento económico de 4.2%, comparable únicamente a los años siguientes a la firma de los Acuerdos de Paz, donde existió apoyo internacional como nunca en la historia del país, terminando de esta forma una racha negativa que no superaba el 3%, incluso unos especialistas hablaron que no existió un avance económico durante esos años.

Las proyecciones económicas son más que alentadoras, incluso la CEPAL ha expresado su congratulación por el repunte económico y ha dicho inclusive que “es un reconocimiento a lo que se ha hecho en el país en los últimos 18 años, y un reconocimiento a este gobierno por impulsar la decisión histórica de entrarle al tema tributario”[3].

En contraste, varios analistas coinciden que para mantener ese ritmo de crecimiento, el gobierno debe invertir más en infraestructura y capital humano[4]; y obtener más fondos sobre la millonaria evasión fiscal, a través de un cambio en la estructura tributaria, que eleve el peso de los impuestos directos en el ingreso público, particularmente los impuestos a las ganancias de las grandes empresas y a las propiedades de los ricos.

La lógica tributaria a favor del sector empresarial es contundente. Según una analista, afirma que “mientras los grandes empresarios pagan poco y evaden impuestos por cientos de millones de dólares, el pueblo paga 84% de los ingresos fiscales, 68% vía impuestos indirectos y 16% a través de la renta salarial. El otro 16% proviene de la renta empresarial, a pesar de que ésta representa el 60% del PIB”[5].

De esta forma, el gobierno ha apostado durante estos últimos tres meses, al desarrollo sostenible por medio del Turismo, la Migración, la suscripción de Tratados de Libre Comercio y el mantenimiento de las Zonas Francas.

Según el gobierno, el Turismo aumentó durante las vacaciones agostinas a comparación de años anteriores. Logrando un incremento del 19% de visitantes en los 13 parques recreativos. Para el 2006, se registraron 80,000 visitantes, en este año se reportaron 94,350[6].

Sin embargo, en este periodo evaluado, el Ministerio de Turismo también ha sido objeto de cuestionamientos por haber lanzado el mismo mes de agosto una propuesta de liquidación del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) y, simultáneamente, una propuesta de creación de un nuevo Instituto llamado de Recreación Familiar (IRF). Los funcionarios alegaron que el ISTU ya no tiene razón de existir por las nuevas novedades que se incorporarán al turismo, además los representantes del sindicato del sector alegan que la razón de la liquidación es por la “mala imagen” que proyectan los parques que están bajo su administración[7].

En contra del principio pro homine que rige la interpretación de los Derechos Humanos, los funcionarios de dicha cartera gubernamental cesarán a 320 trabajadores del Instituto, garantizando su indemnización. Con ello, el Estado deja de lado el bienestar social de las familias afectadas, priorizando el desarrollo económico a través de la entrada de las privatizaciones.

En esta línea, el partido de oposición ya ha manifestado su preocupación, ya que para ellos, es evidente la privatización de los centros recreativos, afectando directamente a las familias de los trabajadores y la sociedad en general que visita los lugares[8].

No bastando con las declaraciones restrictivas al Derecho al Trabajo de las y los empleados, el gobierno ha seguido con su costumbre de no consultar sus políticas con los sectores afectados. Asimismo, las peticiones de éstos no han sido escuchadas por las autoridades, no brindándoles audiencia[9].

Por otra parte, durante el mes de julio, el Presidente de la República se reunió con funcionarios y empresarios chilenos, atraído por las jugosas ganancias –cinco mil millones de dólares- que el gobierno chileno ha obtenido a través de la concesión de los servicios públicos (vial, edificaciones públicas, transporte, aeropuerto y penales)[10].

Por esta razón, el Ejecutivo ha establecido como prioridad poner en marcha un plan de concesiones que van desde infraestructura con el derecho de paso en carreteras como el anillo periférico hasta la licitación de hoteles de montaña, entre otros. Así, encontramos que la intención del Estado no es la persona humana, sino que a través de la teoría del rebalse económico se financié un desarrollo humano, no importando los atropellos a la dignidad del ser humano.

Una de las novedades normativas que acompañará a esta visión de desarrollo es la promulgación de la Ley llamada de “Servicios Internaciones”, que contribuirá según declaraciones de funcionarios, al desarrollo de inversión en el país, identificando nuevas oportunidades y nichos estratégicos de inversión, incrementando el valor de la producción, diversificando los servicios de exportación, manteniendo los empleos existentes y aumentar oportunidades[11].

En materia de suscripción de Tratados de Libre Comercio, La Unión Europea (UE) ha exigido que las negociaciones sean como región no bilateralmente, esto ha llevado a que temas como: propiedad intelectual, medidas sanitarias, normalización y competencia, sean de enorme importancia para los países centroamericanos sobretodo porque no todos tienen regulaciones sobre estas temáticas, acelerando los procesos de integración.

Finalmente, el Fondo Monetario Internacional (FMI), prorrogó las Zonas Francas en El Salvador hasta el 2015. A pesar, de todas las denuncias de países y organizaciones internacionales han realizado en contra de este tipo de inversión que atenta los derechos y libertades fundamentales de las y los trabajadores. Además, el gobierno tiene evidencias claras que las maquilas –bastión más importante de las zonas francas en el país- han dejado de ser el motor de exportaciones reportado disminución en sus ventas y, además, eliminado 7,000 plazas de trabajo sólo para el año pasado. Lo que lleva a reflexionar si el gobierno se encuentra del lado de las y los trabajadores o del sector empresarial que son los más beneficiados por esta noticia.

2. Vida Digna

2.1 Pobreza

A nivel nacional, según datos del gobierno, establece que en los últimos años se ha experimentado una reducción del porcentaje de hogares en situación de pobreza. Desde 1999 hasta el 2005 se ha experimentado una reducción de 6.4 puntos porcentuales; sin embargo, no se reporta la misma tendencia cuando se analiza los indicadores de pobreza extrema y relativa en el mismo periodo[12].

Al analizar los indicadores de desigualdad de ingreso por hogar (Coeficiente de Gini) para este año se muestra una leve mejora a comparación de años anteriores; no obstante, indican que las desigualdades continúan en el mismo rango entre 0.48 y 0.50, por lo tanto se nos ubica dentro de los países que más desigualdades tiene, lo mismo ocurre cuando se analiza este mismo indicador de forma per cápita[13].

La construcción de indicadores para determinar la reducción de la pobreza por el gobierno, han sido cuestionados por organismos internacionales. Al respecto, el Presidente de la República, manifestó que el gobierno siempre ha sido responsable con estos datos, ya que, éstos no han sido manipulados, contrario a lo que sucede en otros países de Latinoamérica[14].

Sin embargo, el principal partido de oposición ha propuesto que la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) dependencia del Ministerio de Economía, obtenga autonomía por señalar falta transparencia y objetividad; ya que, la información proporcionada por esta entidad no coincide con los datos que manejan organismos internaciones en informes relacionados con el país. Agregan, que últimamente se han presentado problemas en cuanto a los resultados del censo de población y vivienda, así como las estadísticas para medir la pobreza y el costo de la canasta alimentaria[15].

Al evaluar la actual política en contra de la pobreza, se observa que el esfuerzo gubernamental se orienta a fortalecer los indicadores sociales macro, a través de un incentivo económico condicionado a llevar a las y los niños a la escuela y recintos de salud, en los municipios más pobres del país[16]. Así, el gobierno ha reportado un aumento en matrícula escolar, controles infantiles y maternidad[17].

No obstante, han existido críticas durante este periodo analizado en contra del programa “Red Solidaria”, por su falta de focalización en familias que realmente necesitan del subsidio, así como la exclusión de otros municipios que se encuentran en una situación paupérrima. Aunado a esto, existe una falta de seguimiento de la utilización de los bonos otorgados por parte del Estado[18].

Esto último es preocupante, debido a que el Estado según declaraciones de sus funcionarios no puede influir en la prioridad de gastos que tenga un determinado grupo familiar. Aunque se cuenta con datos sobre el gasto del subsidio -60% en comida y 40% en otra necesidad-, el gobierno no puede hacer otra cosa más que controlarlos por medio de la asistencia a las escuelas y a las unidades de salud en los respectivos controles de salud. La sanción para las familias que no cumplen con el acuerdo, se les aplica un descuento en su bono o son excluidos de los beneficios del programa. Hasta la fecha, el gobierno ha reportado la salida de 200 familias[19].

Asimismo, el programa de Red Solidaria para el sector urbano es un reto que debe superar el gobierno, a pesar que funcionarios aceptan que se cuentan con los fondos para la realización de un mapa de la pobreza en las ciudades, no ven probable que se ponga en marcha en la actual gestión del Presidente Elías Antonio Saca[20].

En conclusión, Red Solidaria continua reafirmando que no es programa que genere un impacto positivo contra la pobreza, sino un plan que lo toca superficialmente. Además, deja de lado la generación de empleo y la cobertura universal a servicios básicos, y no contribuye a superar el umbral de pobreza de un dólar diario de acuerdo a los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM).

2.2 Acceso a servicios básicos

a) Derecho a una alimentación adecuada

El Derecho a una adecuada alimentación es por excelencia uno de los componentes para lograr vida digna. El país carece de un estudio que permita identificar cuanta población se encuentra en desnutrición, únicamente se cuenta con estudios de desnutrición infantil que anda por ocho de cada diez infantes. Asimismo, se reporta que el 11.8% de las y los niños menores de 5 años tienen desnutrición[21].

El gobierno ha alegado la falta de recursos económicos. En materia de derechos humanos, esta afirmación no puede sostenerse para evitar el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado; ya que forman parte del ius cogens internacional, es decir, de obligatorio cumplimiento. Además, existe a nivel internacional una estrategia de cooperación para dotar a los países más pobres los recursos necesarios, que les permita alcanzar objetivos fundamentales para el desarrollo humano.

En este punto, los analistas ven con preocupación la baja considerable que tendrá el país en cooperación internacional debido a la ubicación en la tabla mundial que lleva el PNUD sobre índice de desarrollo humano, ubicándolo como país de “renta media”. En consecuencia, la ayuda económica que se recibía antes ya no será la misma, porque esta cooperación será desviada a países catalogados como países de “renta baja”[22].

Por otro lado, analistas internacionales coinciden que debe existir un adecuado diseño y difusión de una política de seguridad alimentaria, acompañada por una verdadera política salarial, que permita incrementar el salario mínimo urbano y rural, nivelándolos a la canasta básica de mercado y garantizar, de esta manera, el derecho a la alimentación[23].

Lastimosamente para el país, el problema no pasa únicamente por la falta de acompañamiento a la política de seguridad alimentaria, existe un peligro latente en garantizar este derecho, ya que el gobierno ha impulsado prácticas que ha afectado a sectores mayoritarios.

De esta manera, este observatorio ha recopilado información proveniente de la sociedad civil donde se asegura que el gobierno ha cedido la soberanía alimentaria al permitir la importación de maíz blanco[24]. El país actualmente se encuentra con un déficit de producción y, por lo tanto, el gobierno se ha encontrado en la obligación de importar productos agrícolas. Este problema, no se debe, según los especialistas, a un invierno malo, sino a una política inapropiada orientada a beneficiar a pocos y perjudicar a muchos[25].

Así, encontramos que el sector más perjudicado son los pequeños productores (siembra de maíz, fríjol o arroz) porque el gobierno no los apoya. Éstos alegan que debido a la apertura comercial y falta de créditos se permite la desprotección arancelaria de sus productos en las fronteras agrícolas. La ayuda únicamente la recibe un sector –productores de aceite a base de palma-.

Otra de las objeciones a la actividad del gobierno ha sido la falta de control de calidad de los alimentos importados. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud y la Defensoría del Consumidor no han mostrado postura ante los “comentarios nacionales que el maíz importado tiene mal sabor, mal olor, entre otros”[26]. De esta forma, no se cuenta con un control y monitoreo adecuado que permita con base a criterios científicos, determinar que los productos que se importan son de aceptable consumo humano y, por ende, asegurar la salud de las y los consumidores.

Otro de los obstáculos para asegurar la seguridad alimentaria son los proyectos internacionales que el gobierno esta tratando de impulsar para reactivar la economía, afectando directamente el principal alimento de la dieta de la población salvadoreña. En este sentido, el Ministerio de Economía apuesta enormemente al proyecto internacional de biodisel –generación de combustible a base de granos básicos como el maíz, entre otros- ; no obstante, todavía no se ha determinado la afectación en los rubros de seguridad alimentaria, medio ambiente y desarrollo rural[27].

La situación se vuelve en un dilema que debe ser discutido no solamente en el país, sino a nivel mundial. Experiencias negativas, han determinado el potencial peligro a la canasta básica alimentaria de las poblaciones, entre ellas se puede mencionar: la crisis de tortillas en México y el aumento vertiginoso en los precios del maíz amarillo en Estados Unidos.

El panorama nacional no es tan diferente a las experiencias foráneas comentadas; ya que, la economía familiar de las grandes mayorías que viven en las zonas rurales, ha sido “drásticamente” golpeada. De acuerdo a un informe de FUSADES, la canasta básica alimentaria en el sector rural ha sufrido un incremento del 11% hasta el mes de julio de este año[28]. Para esta institución la justificación la encuentran en la salida tardía del maíz y los frijoles, por lo tanto, se mantienen en la esperanza que una vez salga la cosecha los precios se normalicen; sin embargo, ya explicamos anteriormente la razón del aumento a estos productos.

b) Acceso al agua

En los últimos años, los hogares con servicio de agua potable por cañería han ido a la baja. Desde el año 2002, que se reportó un 75.9% de cobertura del servicio, para el año 2004 se redujo a 74.9%[29]. Esto significa que la capacidad de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para asegurar una mayor cobertura del servicio esta en retroceso, contrario a una de las características principales de los DESC, dónde las medidas que realice el Estado en cumplimiento de éstos derechos deben ser progresivas, es decir, no pueden estancarse o experimentar un retroceso, sino siempre debe reportar un avance.

Las organizaciones sociales y sectores del gobierno, han denunciado las múltiples quejas de los usuarios que van desde problemas de acceso al agua, calidad, cobros ilegales del servicio, hasta falta de regulación normativa para impedir su privatización.

De acuerdo al Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) y otras organizaciones sociales, a través de una campaña de concienciación manifestaron que las principales denuncias de las y los consumidores son relacionadas al agua, por lo tanto, es imperativo para el Estado promover el reconocimiento al derecho humano del acceso al agua[30].

De acuerdo a esta organización y también el partido de oposición han instado a la ciudadanía a oponerse a la privatización del agua, haciendo presión al Legislativo para que aprueben los anteproyectos de la Ley General de Agua y la Ley de Agua Potable y Saneamiento presentadas por organizaciones sociales desde el año pasado, y que actualmente no se encuentra en discusión[31]. Según dirigentes de organizaciones sociales y algunos diputados, sostienen que es necesario dotar de un marco regulatorio al servicio de agua potable, porque “ahora se hace cualquier cosa con ella”, según manifiestan el agua es visto ahora como una “materia mercantil”.

Lo anterior tiene su fundamento, ya que, el gobierno junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han iniciado proyectos de descentralización del agua que ponen en duda si es de verdadero beneficio para la población. En los municipios de San Rafael Obrajuelo, El Rosario, Santiago y San Juan Nonualco, San Pedro y San Antonio Masahuat, se ha empezado a implementar la descentralización del agua; sin embargo, por el momento, no se ha incluido el servicio a las zonas rurales de los municipios beneficiados. Actualmente, estos pobladores administran su propia vertiente de agua potable y temen que estas instituciones se las quiten[32].

Por otro lado, hay ejemplos de proyectos municipales que han beneficiado a sus pobladores. Tal es el caso en el municipio de Quezaltepeque, que ha beneficiado a 750 mil familias de los cantones “Valle del Señor”, “Santa Rosa Arriba” y el caserío “La Ceiba”, por la ejecución de un megaproyecto de introducción de agua potable. La alcaldía lo ha financiado en un 80% con fondos propios, la ciudadanía aportó lo demás. Dicho proyecto les garantizará tener agua potable 12 horas al día[33].

c) Acceso a la energía eléctrica.

El número de hogares con acceso a energía eléctrica en lo últimos años ha experimentado un descenso igual que el acceso al agua. Es decir, que la cobertura de este servicio todavía no es universal. De esta manera, desde el 2000 se obtuvo una tasa de 80.1% de cobertura, en el año 2001 y 2002 subió a 82.1%; sin embargo, para los últimos datos que se cuentan en el año 2004, se redujo a 79.6%. Con estos datos se comprueba que el gobierno ha ido hacia atrás en garantizar el servicio universal de la energía eléctrica.

Además, de la falta de cobertura, el servicio público se encuentra concesionado afectando la economía familiar. El legislativo ha tratado de aliviar esta situación, aprobando un decreto que reforma la ley general de electricidad, eliminando de la factura el pago por uso de red fija, a apartir del próximo enero. Según estimaciones, las compañías eléctricas dejarán de percibir $19 millones por este descuento, en cambio serán beneficiados 1.3 millones de usuarios[34]. Ahora la lucha de las organizaciones sociales es lograr que las reformas sean acatadas por las compañías, además de exigir al Estado la observancia permanente por parte de sus entes fiscalizadores.

d) Acceso al servicio de telefonía.

La cobertura de hogares con acceso a un teléfono fijo o celular, calculado por 100 habitantes ha sido incrementada en los últimos años de manera vertiginosa. A principios del año 2000, de 100 familias 21.82 tenían teléfonos, ahora en el 2006, de esas 100 familias, 69.86 tienen teléfono[35]. Triplicando la cobertura.

Sin embargo, la Defensoría al consumidor realizó en el mes de septiembre un estudio sobre la calidad del servicio brindado por las telefonías móviles. Este estudio se justifica porque es la tercera causa de asistencia que dicha entidad realiza debajo de reclamos por agua y del sistema financiero. También, se enfocaron en la modalidad prepago ya que el 87% del universo de líneas telefónicas corresponden a este sector. Se encontró que las cuatro compañías principales de telefonía en el país sobrepasan los estándares internacionales de fallas en el servicio[36]. Además, advirtieron a la SIGET y la Superintendencia de Competencias sobre las fallas de calidad que representaban mayor problema, tal es el caso el de interconexión con redes pequeñas con un 11% de fallas, ya que, puede ser generado por prácticas anticompetitivas de las empresas más fuertes que obstaculizan a las más pequeñas.

2.3 Empleo ¿Decente?

El Salvador se encuentra todavía en la lista de países que no ofrece empleo decente[37]. En vez de generar un empleo decente, el país tiende a crear indecentes, esto se demuestra en las estadísticas de la Población Económicamente Activa (PEA), ya que, el 53% de éste se encuentra laborando en el sector informal, caracterizado por ser altamente vulnerables, con remuneración muy baja y falta de seguridad social[38].

De acuerdo a lo observado, existen propuestas de las organizaciones sociales para garantizar que el empleo sea decente, entre ellas encontramos: que el Ministerio de Trabajo y Previsión social sea una instancia de garantía que debe defender los intereses de los trabajadores, además que se cree un Fondo que pueda servir para indemnizar a los empleados que son despedidos de forma injustificada. Asimismo, ante la carencia de éste, se tendría que aplicar las mismas sanciones de violaciones en materia laboral[39].

Por otro lado, desde agosto de este año, la noticia central que ha sido monitoreada por este observatorio es la revisión del salario mínimo vigente legal. Esta iniciativa, aparece justo cuando el precio del maíz reporta un incremento de más del 30% en el mercado mundial[40].

Para un analista la situación actual del salario digno en el país se puede ilustrar de esta manera: “los precios de los productos, han corrido como la libre, los salarios nominales como la tortuga y los salarios reales como el cangrejo”[41]. De acuerdo a un estudio realizado, los salarios nominales y reales han perdido su poder de compra de 2% y 37%, en los últimos 15 años. Los más golpeados son los salarios rurales que han experimentado una pérdida de 29% al 37%. Además, el país ha sufrido una inflación en los últimos tres quinquenios de un promedio de 6.02%.

Diferentes organizaciones sociales y el partido de oposición, han propuesto subir el salario mínimo casi a un 100% de lo que se encuentra actualmente regulado. De esta manera, el sector textil ha solicitado que suba de $157.2 a $314.4, manifiestan que aunque no llega a cubrir la Canasta Básica Ampliada si ayudaría a la economía familiar[42]. De igual forma, el partido de oposición, ha pedido que se suba el salario urbano a $300 y el rural a $150, basado según ellos en estudios técnicos gubernamentales y no gubernamentales[43].

Según estudios las medidas que deben tomarse de inmediato para revertir los efectos negativos en la calidad de vida de la población salvadoreña, es una urgente revisión del salario mínimo, que se establezca una política del salario mínimo acompañada de medidas complementarias como eximir del pago del IVA a los granos básicos y medicamentos.

La preocupación del Presidente de la República, a parte de revisar el salario mínimo, es lograr que aquellas y aquellos trabajadores que no perciben ni siquiera el mínimo lo tengan, además de abrir nuevas fuentes de trabajo, porque según manifiesta el aumento del salario en muchos casos representa “despidos del personal”[44].

La voluntad del presidente se vuelve cómplice del incumplimiento del Consejo de Revisión del Salario Mínimo de sus atribuciones. Ya que, su principal función es adecuar el salario mínimo a una remuneración digna para sobrevivir, no como lo ha manifestado el presidente de la Cámara de Comercio e Industria del país que entre otros elementos, como el costo de la vida “debe ser proporcional al desarrollo de la productividad del país”[45].

Tales aseveraciones, no se enmarcan en la perspectiva de los derechos humanos, porque la persona es el beneficiario y protagonista de su desarrollo, no la productividad o el negocio del empresariado. El Estado debe generar oportunidades de trabajo que se garantice un salario digno suficiente para sobrevivir, no medido bajo la vara de la capacidad de productividad del empresariado.

Además, tomándole las palabras al mismo representante de la gremial “Si usted no acompaña un incremento del salario con un incremento de productividad en la forma que sea, entonces, usted va a empezar a crear una inflación en el país, y eso puede repercutir en menos oportunidades de empleos”[46]. Por lo tanto, ante el tan publicitado logro del gobierno de haber obtenido un crecimiento económico, entonces es innegable que el aumento al salario mínimo sea una realidad suficientemente digna para la población trabajadora.

2.4 Protección a las y los Consumidores

La Superintendencia de competencias y la Defensoría al consumidor durante este periodo observado, realizaron importantes procedimientos en contra de empresas por abuso de posición de dominio y pronunciamientos sobre actividades que han perjudicado a las y los consumidores.

De esta manera, encontramos que en el mes de agosto, la Superintendencia de Competencia procesó a la empresa Salazar Romero por cometer abuso de posición de dominio, al impedir la entrada de otras empresas servidoras de señal por televisión o por cable en las residenciales Villa Constitución y Ciudad Real[47].

En otro caso, el mismo ente fiscalizador sancionó a CAESS, AES, CLESA y Del Sur por impedir el ingreso de otras empresas al mercado nacional, la multa ascendió a $247,080. Sin embargo, existió descontento de las organizaciones sociales por la pequeña multa que les impusieron a comparación de las ganancias millonarias que obtuvieron por realizar las acciones por las cuales fueron sancionados. Solicitaron al gobierno que “intercedieran de una forma más seria frente a los abusos que las compañías distribuidoras de electricidad hacen a los consumidores”[48].

La Defensoría del consumidor realizó en el mes de septiembre, un estudio sobre la calidad del servicio brindado por las telefonías móviles. Este estudio se justifica porque es la tercera causa de asistencia que dicha entidad realiza debajo de reclamos por agua y del sistema financiero. También, se enfocaron en la modalidad prepago ya que el 87% del universo de líneas telefónicas corresponden a este sector. Se encontró que las cuatro compañías principales de telefonía en el país sobrepasan los estándares internacionales de fallas en el servicio[49]. Además, advirtieron a la SIGET y la Superintendencia de Competencias sobre las fallas de calidad que representaban mayor problema, tal es el caso el de interconexión con redes pequeñas con un 11% de fallas, ya que, puede ser generado por prácticas anticompetitivas de las empresas más fuertes que obstaculizan a las más pequeñas.

2.5 Seguridad Social

a) Pensiones

En este periodo observado, se experimentó una ganancia en las pensiones. La rentabilidad promedio de los fondos de pensiones subió de 7.01% a 7.45%, debido a las pequeñas alzas ocurridas en las tasas de interés local, cambios en los tipos de interés de Estados Unidos y la mayor participación de emisiones con títulos valores privados. Aseguran los administradores de pensiones que “han vendido varias posiciones a precios muy superiores de lo que habíamos comprado, generando ganancias muy reales"[50].

b) Desabastecimiento de medicamentos

A finales de junio, la Alianza Ciudadana contra las Privatizaciones presentó una demanda contenciosa-administrativa en contra del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), por el desabastecimiento de medicamentos en las diferentes farmacias de la autónoma. En ella, se aseguró que muchos usuarios no habían obtenido acceso a sus medicamentos, generando perjuicios en su salud. Entre los usuarios, se encontraban personas adultas mayores e infectados por el VIH/SIDA. También, en la red de hospitales nacionales, se registró la suspensión de 50 procedimientos médicos de ortopedia en los últimos 5 meses[51].

Las medidas adoptadas por el ISSS para revertir estas situaciones, han sido compras parciales y prorrogas del plan contingencial de reembolso. Dicho plan consiste en asegurar que ciertos medicamentos, que no hay en existencia en la institución, sean proveídos por farmacias privadas para luego reintegrar el precio pagado a las y los derechohabientes.

Las autoridades sostienen, que el desabastecimiento de medicamentos se debe a problemas en la licitación, como falta de ofertas o mala calidad de lo ofertado. Por esta razón, los ministros de salud de Centroamérica se reunieron para tomar acciones conjuntas sobre la eliminación de estos problemas, entre las soluciones ofrecidas se resalta el común acuerdo entre los países del istmo sobre cuales medicamentos serán utilizados y, con base en ello, solicitar las compras; de esta manera, según los funcionarios, se logrará tener más control sobre la calidad de los medicamentos y obtener ofertas a bajo costo[52].

Sin embargo, no todas las declaraciones de los funcionarios han sido en línea de solucionar los problemas evidentes para el sistema de salud. De esta manera, el director del ISSS, Nelson Nolasco Perla, aseguró que cuenta con el 95% de medicamentos, cifra con la que se trabaja cada año, agregando que “si falta uno o dos medicamentos las personas lo sobredimensionan” . Además, segura que estos señalamientos tienen una intención política ya que lo hacen sindicatos y “organizaciones de izquierda”[53].

Estas declaraciones son preocupantes, porque los medicamentos que se tiene conocimiento que no se cuenta con existencia, son para apaliar graves enfermedades como: la hipertensión arterial, tratamiento del VIH/SIDA, entre otras. Por lo tanto, se evidencia la falta de voluntad o la apatía gubernamental para solucionar estos problemas que son nacionales no partidistas.

c) Alto costo de los medicamentos

Otro de los seguimientos para este periodo, fue el alto costo de los medicamentos. Según el estudio de “Disponiblidad y precio de medicamentos esenciales en El Salvador durante el segundo trimestre de 2006” realizado por la Universidad de El Salvador, demostró que el país es el único en el mundo que compra y vende los medicamentos a precios elevados, también señaló diferencias en las compras que realizan el ISSS y el Ministerio de Salud. Afirma que la cartera del Estado es más eficiente –los compra más barato- con un 61.54%; mientras que la del ISSS es del 50%, dejando al descubierto “los vacíos” de la política social del actual gobierno[54].

No es la primera vez, que se señala este problema, anteriormente el CDC realizó un sondeo en varias farmacias privadas en el que se evidenció que en esas instituciones existe un aumento del 59% del precio base.

Las autoridades no se sorprendieron de los datos arrojados por el estudio, es más aseguraron que ya lo habían reconocido antes. De esta forma, el director del ISSS manifestó que “desde hace un tiempo venimos señalando que en el país se adquieren a un precio mayor que algunos de la región”[55]. En cambio, el Viceministro de Salud fue cauteloso en sus afirmaciones manifestando que “los parámetros utilizados para hacer el estudio no fueron todos los que se ocupan para hacerlo”, agregando que “sólo se abarcó una parte pequeña de todos los medicamentos genéricos (43) que existen en el área”[56].

Las organizaciones sociales que dan seguimiento a la problemática mencionaron que es alarmante lo que sucede en el país con el aumento elevado a los precios de los medicamentos; ya que, las únicas víctimas de este descuido gubernamental, es la población empobrecida. El gasto en dicho rubro, representa más del 50% de salida monetaria en una familia.

En este sentido, la Organización Mundial para la Salud (OMS) ha establecido un límite máximo de un día de trabajo para adquirir medicamentos necesarios para tratar una enfermedad. Sin embargo, en El Salvador se necesita un promedio de 2.4 días de trabajo para que un trabajador urbano con salario mínimo adquiera un medicamento genérico[57].

3. Salud

3.1 Neumonías una amenaza mortal para la niñez y el adulto mayor

La Neumonía nuevamente retó la capacidad del sistema de salud gubernamental, logrando colapsar en recursos (personal médico, camas, cunas, nebulizadores, etc.) teniendo que descentralizar las consultas en el Hospital Nacional de Niñas y Niños “Benjamín Bloom” hacia el resto de hospitales. Y es que, según las autoridades cada dos años la neumonía tiende a presentar mayores víctimas. Este año fallecieron ocho personas más que el 2006, llegando a 297 a comparación de los 289 del año pasado. La población más afectada es la niñez y los adultos mayores, para este año, se reportó 73 muertes de infantes y 148 para los segundos[58].

Durante todo el brote de neumonía, las acciones gubernamentales preventivas brillaron por su ausencia, manteniendo una alerta amarilla que se encuentra activada desde enero por la diarrea. Esperando que los corredores epidemeológicos subieran para cambiar alertas, y hasta cuando ya se encontraba en crisis se tomaron las medidas adecuadas, recibiendo refuerzo presupuestario para contratar más personal especializado, comprar más equipo, medicamentos.

De esta manera, el camino de la neumonía como otras enfermedades epidémicas en el país, sigue el paso de la contradicción entre el discurso de las autoridades y la falta de prevención. Así, observamos para la crisis por neumonía, contradicciones notorias: a pesar que un día antes el ministro dijo que no se necesitaba refuerzo alguno, el director del Bloom pidió fondos para medicinas e insumos[59]. Y es que el discurso gubernamental trata de encubrir la falta de recursos, a través de poner en duda la estabilidad laboral a directores de hospitales que se atreven a denunciar las carencias de recursos. Según un especialista que labora en un nosocomio, manifestó que existe un pacto de silencio entre empleados de Salud con responsabilidades para minimizar las carencias del sistema público[60].

Asimismo, se reprocha las declaraciones del Ministro de Salud, Guillermo Maza al manifestar que “no somos ministros de neumonías, ni dengue. La salud es cientos de enfermedades”[61], en plena semana record en casos de neumonía donde seis niños murieron. A pesar de estas muertes evitables y totalmente reprochables al gobierno, el plan de acción de Salud no cambió. El mencionado funcionario, en una postura totalmente falta de prevención remata manifestando “[…] Cuando ya no podamos, ese día vamos a cambiar la alerta”[62].

También, este observatorio retomó la noticia de la existencia de una nueva vacuna en contra de la neumonía que a pesar de ser propuesta a los políticos no ha sido implementada. Según manifiesta un especialista, esta vacuna vendría a reducir los índices de morbimortalidad hospitalaria y los índices de mortalidad infantil en el país, el problema que ven los políticos agrega, es que es cara; sin embargo, los beneficios serán enormes, además la compra puede ser coordinada con los demás países del istmo para que se obtenga una rebaja[63].

Por todo lo anterior, esta Procuraduría hace la recomendación a las diferentes instituciones del Estado que tienen que ver con el deber de garantizar la salud al máximo nivel de la población salvadoreña, que diseñe un plan de prevención en contra de la neumonía y otras enfermedades como el dengue y diarreas, que contemple la previsión de recurso humano, equipos y medicamento suficiente para afrontar los brotes epidémicos y, de esta manera, evitar lamentar cada vez más vidas humanas, sobre todo de niñas, niños y adultos mayores.

3.2 Recursos insuficientes

A nivel nacional, el gasto en salud pública de acuerdo al total del presupuesto es del 9%. Cuando lo relacionamos al PIB nos damos cuenta que es del 1.6%. Ambos datos han experimentado en los últimos dos años una reducción de un 0.2%^[64]. Por lo tanto, se afirma que la política de gasto del Estado a este rubro es regresiva.

Según analistas es insuficiente el gasto que el gobierno destina a desarrollo social. El Salvador es uno de los países en Latinoamérica que destina menos en esta área. Por tal razón, éstos consideran que de no aumentarse dicho gasto no se podrá sostener el crecimiento económico obtenido el año pasado.

Varias acciones se han venido tomando desde la organización social y algunos partidos políticos, para cambiar esta realidad. Entre estos, el principal partido de oposición presentó ante las autoridades de salud pública una propuesta de incremento de 100 millones de dólares para este rubro en el presupuesto del próximo año, del cual 31% debería destinarse a la atención de los hospitales nacionales, de segundo y tercer nivel. De acuerdo a los impulsadores de esta propuesta esta medida surge a partir de las denuncias de la población en cuanto al desabastecimiento de medicamentos y la falta de atención primaria.

En los últimos años, el Ministerio de Salud ha recibido los llamados “refuerzos presupuestarios” para apalear la crisis de enfermedades epidémicas, resultando ser una opción en último momento cuando ya se han lamentado muertes y los corredores endémicos suben a niveles record. También no es desconocido para la población las condiciones en infraestructura de recintos de salud (hospitales, clínicas y casas de salud), y las carencias de equipo y personal para atender a la población salvadoreña.

Las estadísticas hablan por sí solas, únicamente 4 médicos y 2 enfermeras por cada 10,0000 habitantes, 624 establecimientos sanitarios, 1 cama por cada un mil habitantes. Según estadísticas internacionales, estos indicadores deberían ser mayores, sin embargo, el gobierno al parecer no es su prioridad fortalecer el servicio de salud.

Aunado a esta situación, se debe señalar casos de corrupción al interior de la cartera del Estado que vela por la salud de las y los salvadoreños. En el mes de julio, se observó que la Corte de Cuentas encontró carencias en exámenes TAC, lo que obligó a que las y los derechohabientes tuvieran que acudir a clínicas privadas propiedad de familiares del anterior Ministerio de Salud y pagar por el servicio. Luego, el recién creado Tribunal de Ética Gubernamental resolvió en contra del mencionado ministro, convirtiéndose así, en el primer funcionario en ser condenado en faltar a los deberes de ética, la causa fue por haber mantenido embodegados dos TAC desde 2004.

Asimismo, se reportó el despido del responsable de reconstruir hospitales del proyecto RHESSA, financiado por el Banco Mundial, por el motivo de retrasar la reconstrucción de siete hospitales dañados para los terremotos del 2001. Dicha separación sucede cuando se ha cuestionado la ejecución del proyecto y por irregularidades en el manejo de fondos^[65].

4. Educación

4.1 Disminución del Analfabetismo: ¿Para quiénes?

De acuerdo a estadísticas del Ministerio de Educación, la tasa de analfabetismo a nivel nacional ha disminuido desde los Acuerdos de Paz. En efecto, en 1999 se reportaba una tasa de 20.4%, para el año 2005 era de 14.9%, experimentado una reducción de 5.5 puntos porcentuales[66]. Sin embargo, al analizar por grupos de edad, los que más han sido beneficiados con las campañas de alfabetización han sido los jóvenes entre 15 a 24 años, no así los que sobrepasan esa edad conminados por el gobierno a mantenerse en la indigencia.

El Presidente de la República informó los avances que se habían obtenido en el Trienio de la Alfabetización. En la actualidad, se cuenta con 72,000 personas en círculos de alfabetización a nivel nacional y también círculos de educación básica para adultos. Manifestó que es importante lograr una coordinación con gobiernos locales, empresa privada, universidades y colaboradores en general para erradicar el analfabetismo[67].

No todo lo que dice el gobierno es verdad. Para analistas del tema, señalan que el gobierno no cuenta con una política para erradicar el analfabetismo, indican que existen importantes signos que retrasan la alfabetización en las personas mayores -17% de analfabetismo-, que permite aumentar la brecha entre el sector rural con un 26% y el urbano con 11%. Además, existe otra brecha relacionada al género, donde el hombre tiene un porcentaje de alfabetización 7 puntos arriba que la mujer, incrementándose en el sector rural[68].

La historia cambia, al momento de entrevistar los medios a mandos medios de educación. Aseguran que existen avances en la alfabetización de adultos mayores en algunas localidades, pero en otras, están muy lejos de conseguirla: “se enfocan en rangos de edades, porque a los programas del área rural solo llegan los adultos que se encuentran interesados y aunque se quiera no se les puede abordar a todos en el proceso”[69].

A nivel presupuestario, también se confirma el desinterés del Estado en lograr la alfabetización de adultos mayores. Si bien es cierto, el presupuesto en educación ha subido en los últimos años, lo que se asigna de forma histórica a la ecuación de adultos es menos del 1%[70].

De esta manera, se comprueba que el interés del Estado es atender la mano económicamente activa, es decir, bajo una lógica de mercado y no lo que debe prevalecer donde la educación es universal, es decir, para todas y todos no importando rango de edad.

4.2 Recursos insuficientes

A nivel nacional, el gasto en educación de acuerdo al total del presupuesto es del 15.3%. Cuando lo relacionamos al PIB nos damos cuenta que es del 2.97%. Ambos datos han experimentado una leve reducción en los últimos tres años^[71]. El Salvador, es uno de los países que invierte menos en este rubro. En la región centroamericana, Honduras es el que más invierte destinando 8.3% de su PIB[72].

El programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina (PREAL) considera, que el gasto en educación debe subir al 5% del PIB, mientras el gobierno pretende reducir la brecha que existe en educación con el plan condicionado de Red Solidaria^[73] y, a través de medidas “creativas” para financiar el desarrollo social con el diseño e implementación de un fideicomiso^[74].

La titular de educación, a pesar que ha mencionado que no es suficiente el incremento en el presupuesto para los próximos años[75], se ha comprometido a utilizar los fondos del fideicomiso para construir el Megatec de Ilobasco y para matricular ocho mil alumnos más en el Programa Edúcame. Esa inyección de recursos permitirá la compra de 1,500 cupos para el programa preescolar Juega Leyendo y reparación de escuelas^[76].

Además, de lo manifestado por la titular, este observatorio recomienda apostarle en contratar más personal docente y el mejoramiento de la infraestructura de las escuelas; ya que, existen centros escolares que tienen mucho tiempo solicitando un refuerzo en la planta de docentes, así como el mejoramiento de las condiciones de los establecimientos educativos, en algunos de ellos “las altas temperaturas hacen que el ambiente se vuelva sofocante y que los ventiladores sean indispensables para cada salón”^[77].

Una de las herramientas que podría tomar el gobierno es la discusión y aprobación de la nueva Ley de la Carrera Docente -la actual se encuentra vigente desde 1996- la cual incluye innovaciones importantes para garantizar una educación de calidad. Entre los puntos positivos, encontramos: otorgar una mejor eficiencia en la asignación de plazas para docentes, así como, convertir como al docente como el núcleo al docente como ocurre en otros países como Chile, México, Argentina o España, donde la o el educador tenga un tiempo suficiente para actualizarse en sus conocimientos pedagógicos u obtener mayor formación académica. Asimismo, se ha discutido que los futuros docentes pasen por un año social estricto y supervisado para garantizar una mejor enseñanza de los aprendizajes.

5. Trabajo

5.1 Libertades sindicales un reto para la Administración Pública

En el mes de septiembre, entró en vigencia los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que garantizan el ejercicio de las libertades sindicales para las y los trabajares públicos, así como las reformas a la ley del servicio civil y otras. El Ministerio de Trabajo, ha recibido seis solicitudes de organizaciones de trabajadores gubernamentales que quieren obtener la personería jurídica como sindicato. Dicha cartera del Estado cuenta con 10 días hábiles para resolver. De esta manera, se pone a prueba la voluntad del Estado en reconocer estos derechos fundamentales. Si no entregan las credenciales y la documentación pertinente, el Estado podría ser demandado ante las instancias de la OIT.

Esta noticia aparece en medio de un contexto desfavorable para el sindicalismo en El Salvador; debido a que el Estado ha mantenido una cultura antisindical durante años, no sólo en el sector privado, sino en el público. De esta forma, la tasa de sindicalización ha tendido a la baja en vez de aumentar. Según los últimos datos que se reportan en el 2004, la mencionada tasa era de 5.3%, en anteriores años se reportaba un 5.9%.

Incluso, el Estado fue obligado a ratificar los convenios internacionales de libertades sindicales, por la presión que generó la Unión Europea en el próximo tratado comercial de asociación que suscribirá con Centroamérica; ya que, estas ratificaciones eran un requisito indispensable para obtener exenciones arancelarias en productos que empresas multinacionales que realizan sus operaciones en el país, intentan exportar a países europeos.

Luego, el gobierno desconociendo los principios internacionales del derecho, burló las disposiciones de tales convenios reformando las leyes internas volviendo nugatorias o restringiendo varias garantías que se establecían en los cuerpos normativos internacionales[78].

Asimismo, se reporta para este período evaluado, demandas en contra del Ministro de Trabajo y Previsión Social por atentar al derecho de asociación, reunión y desobediencia. El demandante es el Sindicato de Industria de Trabajadores de las Comunicaciones (SITCOM), la litis fue interpuesta luego que el mencionado Ministro se negara en dos ocasiones a acatar un fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó otorgar la personería jurídica para el establecimiento legal de la organización sindical, al no encontrar “ilegalidad”[79].

La anterior actitud negativa del titular de trabajo, es justificada, según el representante legal del sindicato a que el gobierno protege los intereses de las grandes multinacionales en aglutinar los servicios de telefonía, Internet y cable.

Estas declaraciones no pueden considerarse como sorpresa para la sociedad en general, ya que, tiene su antecedente más próximo en la Superintendencia de Competencia, que durante este periodo, procesó a la empresa Salazar Romero S.A. de C.V. por cometer abuso de posición de dominio, al impedir la entrada de otras empresas servidoras de señal por televisión o por cable en las residenciales Villa Constitución y Ciudad Real.

Por otro lado, se han reportado una muerte, detenciones y persecuciones a dirigentes sindicales. El asesinato del sindicalista Miguel Ángel Vásquez Argueta, secretario de Finanzas del Sindicato de Trabajadores del Sector Eléctrico se suma al referente más inmediato del asesinato de Gilberto Soto, caso que ha sido motivo de Censura Pública por esta Procuraduría por la increíble impunidad que tolera el Estado. El 13 de julio fue secuestrado mientras se desplazaba de su centro de trabajo hacia su casa; al día siguiente, su cuerpo sin vida fue hallado en el Instituto de Medicina Legal; había recibido dos disparos en la cabeza[80].

Por lo tanto, esta institución que vela por los derechos humanos de la ciudadanía exhorta a las autoridades respectivas realizar de manera más minuciosas no descartando ningún móvil, las investigaciones para determinar la muerte del sindicalista, así como los autores de tan lamentable pérdida.

En el segundo caso, es referente a los miembros del Sindicato de Empleados de la Salud y El Salvador (SIGESAL) que se aglutinaron frente a las instalaciones del Ministerio de Trabajo para exigir la liberación de ocho compañeros. Sus compañeros fueron detenidos por haber participado en una protesta en los Hospitales de Santa Ana y San Vicente por exigir que se otorgaran medicamentos y mejoras salariales. La Policía procedió a la detención bajo cargos de pinta de paredes y desórdenes, a pesar que ya habían sido borradas por los mismos detenidos[81].

Finalmente, varios sindicalistas del Sindicato Nacional de Empleados Judiciales (SINEJUS), han sido objeto de la presentación de requerimientos judiciales en su contra por la Fiscalía General de la República, por haber participado en una protesta para exigir la destitución de una jueza de Chalatenango que realizaba acoso laboral a sus empleados[82]. Este caso se suma a los detenidos del sindicato de salud mencionado, ya que, algunos de ellos también se encuentran bajo la lupa de la Fiscalía, con órdenes de detención administrativa[83].

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[1] La CEPAL cifra el crecimiento de la economía salvadoreña entre 4.5% y un 5% como parte de la continuidad de crecimiento de sectores específicos y un ciclo que podría ir expandiendo. Señaló que ha reducido los índices sociales como el desempleo y otros, y ha impulsado rubros como el de la agricultura servicios, construcción y la inversión pública privada. Véase la página electrónica. http://archive.laprensa.com.sv/20070707/nacion/819372.asp

[2] PNUD, Monografía sobre el desarrollo humano y Objetivos del Desarrollo del Milenio, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate, El Salvador, página 31.

[3] Véase la página electrónica. http://archive.laprensa.com.sv/20070707/nacion/819372.asp

[4] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “Analistas sugieren mayor inversión pública y social”, publicado el 13 de septiembre de 2007.

[5] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “FUSADES analiza mal y concluye peor”, publicado el 28 de agosto de 2007.

[6] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “ISTU reporta incremento de turistas” de fecha 10 de agosto de 2007.

[7] Véase el artículo periodístico del diario Colatino, “Turismo presenta proyecto de liquidación del ISTU”, publicado el 22 de agosto de 2007.

[8] Véase el artículo periodístico del diario Colatino, “Trabajadores del ISTU solicitan a Hirlemann escuchar alternativas”, publicado el 31 de agosto de 2007.

[9] Véase el artículo periodístico del Colatino, “Trabajadores del ISTU solicitan a Hirlemann escuchar alternativas”, publicado el 31 de agosto de 2007.

[10] Véase la página electrónica http://216.155.127.42//nacion/818501.asp

[11] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “Ley de servicios internacionales contribuirá al desarrollo de inversión en el país”, publicado el 14 de septeimbre de 2007.

[12] Según datos del gobierno los hogares que no cubren la Canasta básica alimentaria pertenecen a la pobreza extrema reportando únicamente 4.5 de reducción, de la misma manera los hogares que no cubren la canasta básica alimentaria ampliada reportando únicamente una reducción de 1.9 puntos.

[13] Desde 1999 hasta 2005 se cuenta con un coeficiente de gini entre 0.493 a 0.52.

[14] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “MINED afirma disminución de analfabetos”, publicado el 10 de septiembre de 2007.

[15] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “El FMLN pide que Estadísticas y Censos sea autónoma”, publicado el 28 de agosto de 2007.

[16] El programa Red Solidaria cuenta con una cobertura en 32 municipios del país, subsidiando a 24,106 familias. En junio de este año se incluyó 15 municipios en extrema pobreza alta.

[17] El gobierno ha reportado aumento de la matrícula escolar de un 23% en parvularia, así como, el aumento en un 47% los controles infantiles y de maternidad, únicamente en los municipios que perciben los bonos Véase la página electrónica http://www.laprensagrafica.com/nacion/827537.asp

[18] La encargada de Red Solidaria la Licda. Cecilia Gallardo de Cano dijo que tiene conocimiento que algunas personas utilizan los bonos para comprar tarjetas de celular u objetos personales. Sin embargo, agregó que esto carece de importancia, si se comprueba que cumplen con mandar a los niños a la escuela y asistir a chequeos médicos. “Como programa no nos podemos hacer responsables de que una familia gaste en algo que no está dentro de las necesidades básicas, nos hacemos responsables de la salud y educación”, señaló. Véase la página electrónica http://www.elmundo.com.sv/Mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=3046&Itemid=41

[19] Según el gobierno de estas 200 familias que se han retirado del programa, el 90% corresponde a que se han trasladado a lugares donde no llega la cobertura y un 10% por inasistencia a las escuela.

[20] Véase la página electrónica http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2925&idArt=1557899

[21] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “No hay datos reales de cuántos padecen de hambre en El Salvador”, publicado el 13 de septiembre de 2007.

[22] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “Hay carencias de fondos para seguridad alimentaria, dice el IICA”, publicado el 27 de agosto de 2007.

[23] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “No hay datos reales de cuántos padecen de hambre en El Salvador”, publicado el 13 de septiembre de 2007. También, “Instituciones deben unirse”, publicado el 13 de septiembre de 2007.

[24] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “Importación de maíz, pérdida de soberanía alimentaria”, publicado el 28 de agosto de 2007.

[25] Idem.

[26] Idem.

[27] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “Proyectos de biodisel seguirán afectando seguridad alimentaria”, publicado el 29 de septiembre de 2007.

[28] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “Canasta básica rural en alza según informe de FUSADES”, publicado el 21 de agosto de 2007.

[29] Datos obtenidos de las Encuestas de Hogares con Propósitos Múltiples realizada por el DIGESTYC.

[30] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “Movimientos sociales anuncian campaña de concienciación del derecho al agua”, publicado el 29 de septiembre de 2007.

[31] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “FMLN exhorta a luchara porque el agua no se convierta en mercancía”, publicado el 29 de agosto de 2007.

[32] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “Surge duda sobre descentralización del agua en municipios”, publicado el 2 de agosto de 2007.

[33] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “750 mil familias beneficiadas con proyecto de agua”, publicado el 7 de agosto de 2007.

[34] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “Compañías eléctricas perderán $19 millones por eliminar uso de red fija”, publicado el 6 de septiembre de 2007.

[35] Datos obtenidos de la Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones.

[36] Un 3% en fallas del servicio es lo aceptable a nivel internacional, en el país se encontró una falla entre el 7% y el 11%. Véase el artículo del Colatino “Empresas de telefonía móvil en el país no cumplen con estándares de calidad”, publicada el 13 de septiembre de 2007.

[37] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “El Salvador sigue en la lista de países que no ofrece empleo decente”, publicado el 28 de septiembre de 2007.

[38] Datos tomados de la Encuesta de Hogares con Propósitos Múltimples realizada por el Ministerio de Economía.

[39] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “Organizaciones presentan proyecto sobre trabajo decente”, publicado el 18 de agosto de 2007.

[40] Los especialistas mencionan que el aumento a los precios del maíz no se debe por la llegada tardía del invierno, sino con el acaparamiento, especulación y el impacto que está generando desde ya la utilización del maíz para los agrocombustibles. Véase el artículo periodístico del Colatino “El gasto por las tortillas ha subido más del 30%” , publicado el 30 de agosto de 2007.

[41] Armando Flores, director del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC). Véase el artículo periodístico del diario Colatino “Salario mínimo pierde poder de compra: CDC”, publicado el 20 de agosto de 2007.

[42] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “Sector textil urge de incremento a salario mínimo”, publicado el 18 de septiembre de 2007.

[43] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “FMLN pide subir a $300 el salario mínimo”, publicado el 3 de septiembre de 2007.

[44] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “Presidente Saca afirma deben revisarse los salarios mínimos”, publicado el 7 de agosto de 2007.

[45] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “Gremial comercial insiste en estudio a salario mínimo”, publicado el 11 de agosto de 2007.

[46] Ibidem.

[47] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “Procesan a Salazar Romero por abuso de posición de dominio”, publicado el 8 de agosto de 2007.

[48] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “Organizaciones sociales insatisfechas por sanción a distribuidoras de energía”, publicado el 17 de septiembre de 2007.

[49] Un 3% en fallas del servicio es lo aceptable a nivel internacional, en el país se encontró una falla entre el 7% y el 11%. Véase el artículo del Colatino “Empresas de telefonía móvil en el país no cumplen con estándares de calidad”, publicada el 13 de septiembre de 2007.

[50] Véase la página electrónica http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6329&idArt=1564547

[51] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “Organización social espera que CSJ sancione al ISSS”, publicado el 19 de septiembre de 2007.

[52] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “Cáncer y medicamentos, temas centrales de reunión RESSCAD”, publicado el 9 de agosto de 2007.

[53] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “Seguro social con el 95% de medicamentos”, publicado el 20 de agosto de 2007.

[54] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “Medicamentos caros, señal de vacíos en política social: CDC”, publicado el 27 de septiembre de 2007.

[55] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “ISSS sabe que compra medicamentos caros”, publicado el 27 de septiembre de 2007.

[56] Idem.

[57] Véase la página electrónica http://www.diariocolatino.com/es/20070924/nacionales/47455/

[58] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “Neumonía más mortífera que en 2006”, publicado el 9 de agosto de 2007.

[59] Véase la página electrónica http://archive.laprensa.com.sv/20070714/nacion/824720.asp

[60] Véase la página electrónica http://www.laprensagrafica.com/nacion/813941.asp

[61] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “314 neumonías atendidas al día”, publicado el 9 de agosto de 2007.

[62] Idem.

[63] Hay una vacuna que tienen 23 valencias, es decir 23 serotipos de neumococo y que ha sido usada tradicionalmente en nuestro medio, pero que no le proporciona protección a niños menores de dos años. La nueva vacuna tiene otras siete valencias mas contra el neumococo, la cual contien los siete serotipos más agresivos, lo que más enferemedades serias le aten a los niños, los que causan mayor mortalidad, y los que más resistencia tienen ante los antibióticos. Véase la página electrónica http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6329&idArt=1582756

[64] Datos tomados del compendio estadístico del Ministerio de Salud.

[65] La corte de cuentas mantiene abiertos al menos dos informes que recogen irregularidades por pago de salarios elevados y acondicionar y amueblar los nuevos despachos del ministro y del viceministro de Salud, entre otros. Véase la página electrónica http://www.laprensagrafica.com/nacion/821180.asp y http://www.laprensagrafica.com/nacion/821181.asp

[66] Datos tomados de la Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples realizada por el Ministerio de Economía.

[67] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “MINED afirma disminución de analfabetos”, publicado el 10 de septiembre de 2007.

[68] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “17% de personas mayores son analfabetas”, publicado el 12 de septiembre de 2007.

[69] Idem.

[70] Idem.

[71] Datos tomados de la evolución de indicadores en educación del Ministerio de Educación.

[72] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “MINED afirma disminución de analfabetos”, publicado el 10 de septiembre de 2007.

[73] Véase la página electrónica http://www.laprensagrafica.com/nacion/835710.asp

[74] En total Educación recibirá 200 millones, se realizarán tres desembolsos. El primero será este año con 32 millones de dólares, el siguiente de 100 y el resto el último año.

[75] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “MINED afirma disminución de analfabetos”, publicado el 10 de septiembre de 2007.

[76] Véase la página electrónica http://www.laprensagrafica.com/nacion/829042.asp

[77] Véase la página electrónica http://www.laprensagrafica.com/nacion/829042.asp

[78] Véase el Informe especial de la Procuraduría sobre la ratificación de los Convenios de la OIT en materia sindical y las reformas a la Ley del Servicio Civil y otras. Lo puede encontrar en la página electrónica www.pddh.gob.sv.

[79] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “Demandan a Ministro de Trabajo por atentar contra derecho de asociación y reunión”, publicado el 4 de septiembre de 2007.

[80] Véase la página electrónica http://www.world-psi.org/accionurgente

[81] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “Piden liberación de sindicalistas detenidos”, publicado el 7 de septiembre de 2007.

[82] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “Miembros de ANEJUS denuncian acoso laboral”, publicado el 20 de septiembre de 2007.

[83] Véase el artículo periodístico del diario Colatino “Sindicatos denuncian persecución”, publicado el 17 de septiembre de 2007.