Hace 61 años, el 10 de diciembre de 1948, Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, de diversos continentes, con diversas ideologías, con distintos sistemas políticos, con variadas costumbres y culturas y múltiples concepciones religiosas participaron y aprobaron la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Este documento representativo de la identidad de la humanidad, logró promover universalmente el fundamento esencial de los derechos humanos como la dignidad humana; la igualdad y no discriminación; la libertad, la tolerancia y la solidaridad. Estos principios y derechos constituyen los contenidos que los Estados deben garantizar a todos los seres humanos, de todos los rincones del mundo y en igualdad de condiciones para que se erradiquen las condiciones marginales que han vivido durante siglos y podamos vivir una vida libre de tiranía y opresión; de actos de barbarie que ultrajen la conciencia de la humanidad y liberados del temor y de la miseria, tal como se desprende del preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La vigencia de los derechos humanos constituyen la garantía que tienen los seres humanos contra los abusos del poder; es el fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho; es el parámetro de legitimidad de un Estado y de una sociedad; es el presupuesto de la convivencia pacífica entre los miembros de una sociedad y acredita el cumplimiento de las obligaciones sobre derechos humanos que los Estados tienen para con los habitantes de su territorio.
Sesenta y un años después de proclamada la Declaración Universal, en esta oportunidad, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos rinde un homenaje al movimiento de víctimas y las organizaciones de derechos humanos, que en su inagotable esfuerzo de exigir al Estado salvadoreño justicia, verdad y reparación, han contribuido a través del desarrollo de espacios de la memoria, conmemoraciones, festivales artísticos culturales, búsqueda de personas desaparecidas, actividades académicas, incursiones legales, exhumaciones de cadáveres, entre otras iniciativas, al reconocimiento histórico de la responsabilidad estatal sobre graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el conflicto armado.
En noviembre pasado, el Estado salvadoreño manifestó ante órganos de supervisión de tratados su compromiso de alcanzar el tránsito a una sociedad donde prevalezca la justicia, la solidaridad, el orden jurídico y erradicar actos y conductas del pasado que afectaron los derechos humanos. En esta línea, el 6 de noviembre del presente año, el gobierno reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la responsabilidad internacional en el caso del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y en cuatro casos de niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado, además, rindió su aceptación explícita del carácter vinculante de las recomendaciones emitidas por dicho órgano especializado en materia de derechos humanos. Luego, en el mismo mes, en un acto público de conmemoración, el Presidente de la República condecoró con el máximo reconocimiento gubernamental a los sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras asesinadas por las fuerzas armadas en el contexto del conflicto.
Este avance en materia de derechos humanos marca una nueva época en la historia de El Salvador, representa la asignación de la dignidad humana como eje central de las políticas públicas. Esta reivindicación forma parte del esfuerzo del movimiento de víctimas y la sociedad civil organizada, como la Comisión de Trabajo Pro-Memoria Histórica y otras instituciones de reconocida trayectoria académica. Asimismo, esta Procuraduría se ha sumado a este propósito siendo la única instancia estatal que exigió al Estado su responsabilidad en los lamentables hechos ocurridos durante el conflicto armado.
Todos los actores mencionados guardan una relación fundamental de constituirse como personas defensoras de los derechos humanos, labor vital para la implementación universal de los mismos, así como también para la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho.
En esta fecha conmemorativa, la Procuraduría reafirma su compromiso de velar por los derechos de las personas más desfavorecidas y establecer lazos de cooperación y apoyo a las organizaciones sociales vinculadas con estas reivindicaciones, en clara sintonía con el propósito de la Declaración Universal de Derechos Humanos de “lograr integrar a la vida de todos y todas los derechos humanos, difundiendo la libertad, la seguridad y la paz en todas las naciones”.
San Salvador, 11 de Diciembre de 2009.
Este documento representativo de la identidad de la humanidad, logró promover universalmente el fundamento esencial de los derechos humanos como la dignidad humana; la igualdad y no discriminación; la libertad, la tolerancia y la solidaridad. Estos principios y derechos constituyen los contenidos que los Estados deben garantizar a todos los seres humanos, de todos los rincones del mundo y en igualdad de condiciones para que se erradiquen las condiciones marginales que han vivido durante siglos y podamos vivir una vida libre de tiranía y opresión; de actos de barbarie que ultrajen la conciencia de la humanidad y liberados del temor y de la miseria, tal como se desprende del preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La vigencia de los derechos humanos constituyen la garantía que tienen los seres humanos contra los abusos del poder; es el fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho; es el parámetro de legitimidad de un Estado y de una sociedad; es el presupuesto de la convivencia pacífica entre los miembros de una sociedad y acredita el cumplimiento de las obligaciones sobre derechos humanos que los Estados tienen para con los habitantes de su territorio.
Sesenta y un años después de proclamada la Declaración Universal, en esta oportunidad, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos rinde un homenaje al movimiento de víctimas y las organizaciones de derechos humanos, que en su inagotable esfuerzo de exigir al Estado salvadoreño justicia, verdad y reparación, han contribuido a través del desarrollo de espacios de la memoria, conmemoraciones, festivales artísticos culturales, búsqueda de personas desaparecidas, actividades académicas, incursiones legales, exhumaciones de cadáveres, entre otras iniciativas, al reconocimiento histórico de la responsabilidad estatal sobre graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el conflicto armado.
En noviembre pasado, el Estado salvadoreño manifestó ante órganos de supervisión de tratados su compromiso de alcanzar el tránsito a una sociedad donde prevalezca la justicia, la solidaridad, el orden jurídico y erradicar actos y conductas del pasado que afectaron los derechos humanos. En esta línea, el 6 de noviembre del presente año, el gobierno reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la responsabilidad internacional en el caso del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y en cuatro casos de niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado, además, rindió su aceptación explícita del carácter vinculante de las recomendaciones emitidas por dicho órgano especializado en materia de derechos humanos. Luego, en el mismo mes, en un acto público de conmemoración, el Presidente de la República condecoró con el máximo reconocimiento gubernamental a los sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras asesinadas por las fuerzas armadas en el contexto del conflicto.
Este avance en materia de derechos humanos marca una nueva época en la historia de El Salvador, representa la asignación de la dignidad humana como eje central de las políticas públicas. Esta reivindicación forma parte del esfuerzo del movimiento de víctimas y la sociedad civil organizada, como la Comisión de Trabajo Pro-Memoria Histórica y otras instituciones de reconocida trayectoria académica. Asimismo, esta Procuraduría se ha sumado a este propósito siendo la única instancia estatal que exigió al Estado su responsabilidad en los lamentables hechos ocurridos durante el conflicto armado.
Todos los actores mencionados guardan una relación fundamental de constituirse como personas defensoras de los derechos humanos, labor vital para la implementación universal de los mismos, así como también para la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho.
En esta fecha conmemorativa, la Procuraduría reafirma su compromiso de velar por los derechos de las personas más desfavorecidas y establecer lazos de cooperación y apoyo a las organizaciones sociales vinculadas con estas reivindicaciones, en clara sintonía con el propósito de la Declaración Universal de Derechos Humanos de “lograr integrar a la vida de todos y todas los derechos humanos, difundiendo la libertad, la seguridad y la paz en todas las naciones”.
San Salvador, 11 de Diciembre de 2009.
3 comentarios:
hola
hola como estan me pueden alludar
Con mucho gusto. En qué te puedo ayudar?
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